Quizá la noción más clara de lo que viene a ser una “política pública” la haya dado últimamente Daniel Schydlowsky (Superintendente de Banca, Seguros y AFP).
Ante la pregunta de los periodistas de por qué las personas ya inscritas en su respectiva AFP bajo el plan de aporte mensual (descuento obligatorio de su sueldo) tienen que manifestarse nuevamente para decir que quieren seguir en el mismo esquema, el señalado funcionario indicó que ello se hacía porque el nuevo plan de aportes (descuento obligatorio tanto de su sueldo como de lo acumulado en el fondo) era mucho más conveniente para el futuro pensionista.
Y es de suponer que si le hubieran insistido que esa decisión contrariaba lo establecido en el artículo 56º del Código del Consumidor (el empleo de métodos coercitivos para conminar al consumidor a asumir prestaciones que no ha pactado, siendo que no será posible interpretar su silencio como aceptación de la nueva propuesta), en el acto hubiera invocado a la Constitución de 1993 (sí, a la de 1993, no a la de 1979) para relevar el fin social de la medida, fin que se superpone a la legislación ordinaria (como la del citado Código del Consumidor).
A ello ahora habrá que sumarle a gruesos sectores de la población que emiten recibos por honorarios y que pagan el consiguiente impuesto a la renta. Es decir, a dicho impuesto habrá que sumarle un aporte obligatorio hacia una AFP que los “técnicos” del estado han juzgado como idónea, menos los que aportantes. Lo que comenzó con el SOAT, comienza hoy a extenderse como un pulpo hacia otros actores.
Tal es como desde el estado se opta por dirigir abiertamente el destino del “ahorro previsional” de las personas, juzgándolas incapaces de hacerse cargo de su propio bien. Este es parte del viraje mercantilista que se dio a inicios de los años noventa. Se pasó de tener un único soporte previsional estatal compulsivo (donde tanto el trabajador formal, como el empresario que le paga el sueldo y el propio estado cotizaban forzosamente) a tener un soporte previsional privado (donde sólo el trabajador aportaba forzosamente) igualmente compulsivo.
En términos sencillos, los aplicadores de esta política pública de pensiones consideran a los que cotizan, en el mejor de los casos, unos completos irresponsables, sino unos ignorantes o hasta unos débiles mentales. Ante ese punto de partida, es comprensible que alguien los tenga que encausar hacia esa “mejor opción” por el sólo hecho de ser unos simples particulares.
Si alguien pensó que el dirigismo sólo es patrimonio de los regímenes comunistas, sólo tiene que adentrarse en el universo de las denominadas políticas públicas para enterarse que esa pretensión sigue en pie en cada ocurrencia de los que abogan por la instauración de un “democrático” estado benefactor. Sí, el mismo “democrático” estado benefactor que hoy hace agua en el “primer mundo”.
Y ello sucede porque desde la estadolatría se concibe que las personas somos incapaces por sí mismas para descubrir lo que mejor nos conviene, siendo que los únicos seres capaces son aquellos que bajo el rótulo de “políticas públicas” toman a los ciudadanos como conejillos de indias. Lamentablemente, ninguna de esas luminarias burocráticas del asistencialismo repara en la arbitrariedad institucionalidad que le permite que sus ocurrencias se conviertan en ley.
(Publicado en el Diario Altavoz.pe)