Hacia 1990 alrededor del 80% de la población económicamente activa (PEA) se ubicaba en el rango de la informalidad. En el presente, ese porcentaje se ubica en un 70%.

Como se ve, dos décadas de crecimiento económico (5% anual, según el economista Ricardo Lago) acusa un severo problema: que el estado sigue estorbando con su frondosa legislación laboral. Por su intermedio, millones de personas no pueden acceder a un empleo formal.

Y pensar que el tema de la liberalización de la contratación laboral fue parte del paquete de reformas que en 1992 Carlos Boloña le exigió a Alberto Fujimori. El hoy encarcelado ex mandatario no aceptó esa solución. Como lo narra el mismo Boloña en Cambio de rumbo (1993), eso hizo que el principal forjador del “milagro económica peruano” renuncie al Ministerio de Economía y Finanzas luego de dos años: de febrero de 1991 a enero de 1993.

En el año 2000 Boloña intentará un lamentable regreso. Fujimori iba por su tercera reelección, inconstitucional por donde se le mire. Boloña volvía al despacho de Economía. ¿Volvía ahora sí con la aceptación de aplicar el segundo paquete de reformas que ocho años antes se le rechazó?

No lo sabemos. Lo único cierto es que las cifras referente a los informales siguen siendo prácticamente las mismas que en 1990, un detalle que don Sinesio López no conoce o no quiere conocer. En un reciente artículo el mencionado intelectual de izquierda señala que el “modelo neoliberal” ha generado una “informalidad creciente”. No doctor, el nivel de informalidad es casi el mismo al que existía cuando operaba el “modelo” que a usted tanto le gustaba: crecimiento con inflación, mercados cerrados y estado interventor y desarrollista, afín a la teoría de la dependencia que ni su creador (Fernando Henrique Cardoso) defiende.

Desde 1962 el Perú pretendió combatir la pobreza descapitalizando al país. Sin rubor, ese fue el camino. Y se procedió con total eficacia. Desde esa senda, en 1968 el general Velasco Alvarado asaltó el poder para llevar a cabo un ambicioso programa de reformas encaminadas para activar un estado de bienestar que empobrecerá a la mayoría de los peruanos.

El retorno en 1990 a un proceso de capitalización básicamente privado significó dejar de lado un proceso de capitalización mayormente público altamente inflacionario y (sin paradojas) descapitalizador. En términos de generación de puestos de trabajo, a lo largo de tres décadas el estado peruano se alzó como el principal empleador. Y hoy en día, a pesar de los veinte años de apertura económica, del arribo de inversiones y del control del gasto público, ese panorama no ha cambiado.

Contra lo que se cree, el principal culpable de que ese orden de cosas siga vigente es el mismo personaje que dio la venia para liquidar el falso “desarrollismo” forjado desde los sesenta: Alberto Fujimori. A pesar de todo el poder y respaldo popular que ostentaba, la completa ignorancia de Fujimori en materia económica le impidió aceptar la liberalización del mercado de trabajo. Por ello es que negó la posibilidad de una reforma que sin duda alguna hubiera invertido realmente las cifras de entonces: 15% de la PEA empleada y un engañoso 6% de desempleados (hoy España tiene un paro del 26%). Como es de ver, unas cifras muy similares a las vigentes.

(Publicado originalmente en Diario Altavoz.pe)