¿Desde cuándo el sistema financiero dejó de ser sinónimo de ahorro y previsión para convertirse en sinónimo de robo? Seguramente desde el momento en el que la gente dejó de elegir libremente cómo es que quería recibir su salario, realizar sus pagos y optar por su futuro.
Para que no se sienta, la cosa se fue dando poco a poco. Y de la manera más ridícula. Por ejemplo, recordemos el 0.15% del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) nacido para controlar las movidas de los ahorristas bajo la presunción de que el grueso de los que mueven su dinero en el sistema financiero se dedican a lavar dinero.
Ello fue cortesía de la otrora Presidenta del Consejo de Ministros Beatriz Merino, quien se amparó en legislación tributaria comparada. Poco antes, el por entonces presidente venezolano Hugo Chávez sacó de su extensa manga de ocurrencias ese mismo impuesto con el doble fin de castigar a los más ricos a la vez que contribuir a combatir la inflación.
En el 2013 un estudio de la consultora Grupo Inmark registró que el 46% de los clientes del sistema financiero entrevistados fueron obligados a abrir una cuenta bancaria para poder recibir sus sueldos. Ello es más evidente para quienes laboran en el estado, pues es obligatorio (sí o sí) contar con una cuenta bancaria. Todo ello porque el estado no asume otra forma de pago, bajo el pretexto de la “modernización”.
Ante tal panorama, es por demás comprensible el por qué los bancos no hacen el más mínimo esfuerzo para atraer clientes. No lo necesitan. La ley les obsequia una enorme cantidad de ahorristas. Así pues, ¿para qué invertir en promociones y seductoras ofertas si el estado (el mayor empleador) les pone sus empleados en bandeja?
Ahora, ¿ello es compatible con un sistema liberal y capitalista? De ninguna manera. El uso de la legislación para favorecer a unos en perjuicio de otros es propio del abuso, de la imposición o del cohecho antes que de la libre competencia. A todas luces, la llamada “bancarización” no pasa de ser una confabulación entre empresarios mercantilistas y malos políticos que buscan secuestrar la legislación para su singular provecho.
He aquí el mercantilismo puro, el que sólo existe gracias al estado. ¿Aquellos que hacen capital no a través de satisfacer las necesidades de la gente, sino a través del favor político? Puntualmente, ese mismo nivel de “favor” que hace que los fondos privados de pensiones (las AFP) se nutran por imposición legal antes por libre decisión de sus “clientes”.
Si en los ochenta la hiperinflación devoraba los salarios de la gente, hoy la sutileza de los expertos estatales justifica despojos que igualmente hacen que quien trabajó por mil soles para recibir menos de eso por mera decisión política. ¿Cuánto dinero ganan para sí las AFP de esa manera?
Si alguien opta por no pagarles más y manejar ese mismo aporte de manera particular, se acusa que es un irresponsable que no prevé su futuro. ¿Y qué son las AFP que se quedan con el dinero de los que ya no pueden aportar?
¿Alguien tiene alguna sospecha de cómo es que logran estas entidades financieras captar estos “nicho de mercado”? ¿Corrompiendo, induciendo a ingenuos, asociándose con malos políticos y peores burócratas? Escoja usted, quizá todas las alternativas en conjunto son ciertas.
(Publicado en Diario Altavoz.pe)