Desde antiguo, es conocida la “necesidad vital” de buena cantidad de individuos de medrar a la sombra del estado. Incluso, hasta se puede decir que el estado no se entiende sin ese factor.
Ello en líneas generales, siendo que esa urgencia por obtener “favores” gubernamentales se torna en un poderoso aliciente si es que el estado ejerce monopolios, cuasimonopolios o simples preeminencias sobre determinadas áreas económicas. A la menor injerencia del factor político sobre un rubro que muy bien pudiera quedar en dominio de puramente privado, no será de extrañar la presencia de aquellos que harán valer su amplio bagaje de “relaciones sociales” dentro del estado para imponerse y sacar el mejor de los provechos.
Sin duda, bajo ese espectro el viejo ideal de la igualdad de todos ante la ley se resiente. Así, ser pariente, amigo, cliente, antiguo compañero de estudios, miembro del mismo club de veraneo o hasta asiduo al mismo bar del ministro de turno puede redituar en una “mejor atención”, pero a un alto costo institucional.
Claramente, las ventajas de contar con preexistentes “relaciones sociales” son insoslayables. Por ello el que menos sabe que estamos ante un imposible de extirpar, pero que siempre hay que combatir. Así pues, quizás lo que ofenda no sea el uso mercantil de las relaciones personales, dado que es parte de un capital forjado a lo largo del tiempo. Mas todo cambia cuando aquello es trasladado al estado, ya que se asume la hegemonía de un odioso ventajismo que linda con la corrupción. Por algo el poder seduce. Y no seduce por sí mismo, sino por los potenciales privilegios que puede brindar.
Crudamente, la política que desde el estado se ofrece se rige desde la premisa de tomar el poder para beneficiar a unos en desmedro de otros. Por ende, toda legislación que busque extirpar la gestión de intereses privados en el sector público será tan necesaria como inútil. Y ello porque lo único que hará (si es que es una buena ley) será reducir al mínimo la cantidad de los que buscan influir para su provecho en las decisiones públicas. Es decir, hará más elitista el lobby.
En términos coloquiales, muy probablemente se apartará al vulgar “coimero” para dar paso a elegantes e hiperdiplomados “gestores de intereses”. Ello en el plano netamente operativo, mas queda pendiente lo que ese proceder arrastra en el plano ético.
Al respecto, es obvio que los que se mueven en este campo no son ángeles. Mucho menos se debe de entender que son lo peor de la especie humana. Innegablemente, estamos ante gente que sólo busca abrirse paso en medio de la maraña legislativa que el estado ha tejido desde su congénita desmesura. Es parte del juego. Empero, ¿qué sucede cuando uno de esos “gestores” se viste de “experto” en políticas públicas y dicta cátedra desde los medios de comunicación?
A todas luces, ahí hay un problema que escapa a la ley. Desde ese hecho, ¿cuántos comentaristas televisivos, radiales y de prensa escrita responden a intereses de terceros?
Respecto a esto último, no tengo dudas de que ese proceder por sí mismo explicaría el por qué ante propuestas abiertamente mercantilistas determinados “expertos” que suelen vociferar ser enemigos jurados de los privilegios terminen justificándolos en determinados rubros sin el menor de los sonrojos.
(Publicado en Diario Altavoz.pe)