Ciertamente, el progreso de un país va de la mano de la naturaleza de sus instituciones. De ello no hay duda, empero qué es lo que realmente vienen a ser. A lo mejor un paseo por nuestra azarosa historia republicana pueda darnos una idea respecto a ellas y desentrañar desde los hechos que por lo menos la arbitrariedad y el personalismo (los hombres antes que las leyes) son muestras de su ausencia.
En esa línea, cuando en 1990 las cifras económicas arrojaron una inflación acumulada de 7649% era por demás evidente que el experimento socialprogresista que impulsó el dictador Velasco Alvarado mordió el polvo del fracaso. Por lo mismo, era comprensible que el soporte institucional que se alentó a lo largo de más de dos décadas no había alcanzado sus objetivos.
Empero, aquel intento de dar vida a un estado de bienestar de “sabor nacional” afectó grandemente la institucionalidad previa. Por ejemplo, la institución del contrato (comenzado por la propia palabra empeñada) se devaluó al igual que la moneda. En directa proporción, los índices de pobreza aumentaron radicalmente. El 55% de la población cayó en ese rubro, de los cuales el 24% pasó al campo de la pobreza extrema.
Innegablemente, la institucionalidad previa tenía sus limitaciones. Pero la que la reemplazó fue peor. No en vano las mayores hambrunas que ha registrado la humanidad están directamente relacionadas con la existencia de regímenes autoritarios y dirigistas que se rigen por el precepto fiat iustitia, pereat mundus.
Como resalta Amartya Sen, la institucionalidad surgida de la deliberación democrática desconoce esas tragedias. Y siendo que el comercio libre es pura deliberación (demasiado radical para muchos), la institucionalidad que desde él se ofrece siempre demandará un espacio más amplio de acción, tanto que rápidamente se tornará altamente sensible a todo asomo de intromisión.
Por lo expresado, la institucionalidad que da vida al mercado brota de actores que buscan reducir incertidumbres y aplacar violencias. En principio, ello de por sí nos habla de que estamos ante actores que parten de una socialización ya dada, enriquecida a la vez por los derechos que dinámicamente se han ido reconociendo. Un orden de cosas que emana de la humana cotidianidad, labrada desde un lento pero efectivo proceso de ensayo-error que ninguna política pública puede fraguar.
De 1895 a 1919 una institucionalidad más afín a la libre concurrencia y el industrialismo (tal como antaño se le denominaba al mercado) no fue extraña al Perú. Ese fue por entonces el norte a seguir, hasta que Augusto B. Leguía (en su segunda presidencia) la liquidó.
Curiosamente, a escasos siete años de celebrar el bicentenario de la independencia nacional la figura del otrora denominado “Maestro de la Juventud” busca ser rehabilitada por sectores que supuestamente han asumido las premisas demoliberales. Siguiendo a su mentor (Haya de la Torre), ese es el caso del expresidente García Pérez.
Si recordamos el proceso de liquidación de la malamente denominada “República Aristocrática” (gravísimo error de Jorge Basadre), fácilmente se podrá advertir los peligros de volver a destruir una promesa que incuestionablemente supo dar frutos tanto políticos como sociales. Y desde una institucionalidad demoliberal. El fin de un período que hizo que los festejos de los cien años de la independencia significarán el preludio de una larga regresión antes que lo que puntualmente fue: un sincero avance.
(Publicado en Diaro Altavoz.pe)