Del universo de tareas pendientes que encaminan directamente al desarrollo, las de mayor relevancia son la que apuntalan las libertades económicas. No obstante la abundante muestra empírica al respecto, en el establishment político y académico ello suena a herejía.
Sin embargo, no es posible concebir una real ciudadanía fuera de ese marco. En esa línea, cuando una influyente minoría progresista exige “derechos” para todos por igual habrá que ver qué tanto esa demanda es materialmente viable como qué es lo que entienden por “derechos iguales para todos”. En principio, Thomas Jefferson y Lenin podían expresar su conformidad. Mas todo cambiará a la hora de brindarle significado.
Y advirtamos que ambos se movieron en sociedades pre-industriales. Empero, desde el soporte legal anglosajón los norteamericanos que llegaron después de Jefferson pudieron involucrarse sin mayores inconvenientes en la dinámica de la economía internacional que la revolución industrial exigió. A los rusos ese proceso no les fue del todo negado (la negación mayor vendrá con Lenin), pero su institucionalidad no estaba a la altura de ese magno acontecimiento.
En medio de un panorama de estados sin mayores pretensiones asistenciales y desde la imperiosa necesidad de comerciar, el siglo XIX se caracterizó por el radical auge del tráfico de mercancías y por la vorágine de iniciativas privadas. Amplios sectores de población en diferentes puntos del planeta se beneficiaron de ese proceso librecambista. Todo ello hasta 1914, cuando los progresistas de esa hora (muchos de ellos muy virulentos) no se contentaron con asumir que el mundo en el que vivían había nacido al amparo del viejo ideal republicano de la igualdad ante la ley.
Ese era el axioma al que se adscribía Jefferson, pero al que Lenin repudiaba por “caduco” y “burgués”. Si en el momento cumbre de la civilización liberal del siglo XIX el estado era tenido como una rémora, lo que vino después sólo pudo ser posible en virtud de la desaparición de aquella civilización. Ciertamente, toda una hazaña igualitarista.
Desde el repudio al capital y al librecambio, se alentó el fin de una civilidad que la generación precedente juzgaba como constitucional. Exactamente, una generación que coincidía más con Jefferson que con Lenin. He aquí una manera de instaurar “derechos para todos por igual” que no era precisamente auspiciosa de derechos ciudadanos afines a lo económico.
Como en muchas regiones del orbe, esa experiencia la vivió el Perú en dos momentos de su historia: 1919 y 1968. Estos dos años marcan el comienzo de sendas destrucciones de capitalización. Ello fue lo que Leguía y Velasco lideraron. Ambos afectaron tanto el estado de derecho como una matriz de desarrollo básicamente privada. Y lo hicieron con sus correspondientes “élites progresistas” de turno. Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui auparon al primero en su mocedad. Al segundo lo apoyaron personajes que hoy dominan la agenda de “políticas públicas”, pululan en universidades, ONG, medios de comunicación y entidades públicas (incluso hasta han alcanzado ser ministros de estado).
Luego de su paso por el poder, dichas “élites progresistas” lo único que dejaron fueron arcas vacías, pobreza y burocracia. A la par, una fuerte sensación de fracaso y frustración. Directa consecuencia de lo que sucede cuando se apuesta por una ciudadanía adscrita más a la noción de derecho de Lenin que a la de Jefferson.
(Publicado en Altavoz.pe)