Lo mejor del argumento de Rosa María Palacios contra la obligatoriedad de aportar a las AFP se resume en su grito: “¡Abajo el yugo del aporte obligatorio!”
Bueno, hasta ahí todo bien. Pero, ¿y si las AFP le brindaban ganancias? ¿Ahí se hubiera gritado “¡viva el yugo del aporte obligatorio!”? No lo sé. Lo digo como una provocación.
Del artículo no se desprende si la protesta es por razones de principio o por utilitarismo. Como liberal, la sola imposición de quitarle a la gente sus dineros para promover negocios privados es moralmente indefendible. Como indefendible (siempre como liberal) es que a la gente se le cobre impuestos sin decirles si estos realmente financiarán una mejor protección de sus derechos.
Este último punto es clave, y trasciende a la moral. El derecho constitucional surgió en la brega por defender que los motivos que justifican los impuestos no se desvirtúen. Como el propio origen del constitucionalismo inglés en el siglo XIII, la revolución norteamericana del XVIII también surge del rechazo a un impuesto arbitrario. Desde ese discurrir, la premisa básica es simple: se pagan impuestos para cubrir los costos de ser protegidos en nuestros derechos ciudadanos, no para ser desprotegidos en los mismos.
Al respecto, los premodernos escolásticos tardíos (recordados por Alejandro Chafuen en Economía y ética) lo tenían más claro. Concebían los impuestos como restricciones al uso y al dominio de los bienes privados. Es decir, los tenían como una apropiación del estado que muy bien podía ser utilizada por los propios “contribuyentes” para agenciarse paz, concordia, orden y desarrollo. Como ejemplo práctico de ello, la generación de Thomas Jefferson acordó emplearlos para dar vida a una república liberal con una enorme sensibilidad para detectar impuestos que generaban desprotección de derechos.
Vistas así las cosas, ¿qué tanto hemos avanzado en la materia? Bueno, todo indica que pagamos impuestos para desprotegernos. Así pues, costeamos nuestra propia seguridad a pesar de que pagamos por ella.