Paul Laurent
¿La gente tiene derechos gracias a los datos estadísticos, a los análisis sociológicos y a las pesquisas psiquiátricas? Si fuera así, los padres fundadores del mayor experimento político-legal de la historia (después de Roma) no hubieran tenido razón de ser: los Estados Unidos de América.
¿Qué significó ese experimento? Que los viejos colonos ingleses asentados en esa parte del Nuevo Mundo sigan teniendo sus derechos intactos. Para ello se independizaron, para ello fueron a la guerra. Querían seguir siendo libres, pero ya sin ninguna arbitrariedad monárquica a cuestas. Y lo hicieron invocando una autodeterminación propiamente libertaria, que incluía el derecho a portar armas.
¿Armas solo para defenderse de los antisociales del barrio? No solamente, sino también para defenderse de la agresión de un estado exterior tanto como del propio gobierno. Tengamos en cuenta que la independencia norteamericana no la hizo un ejército profesional, sino una milicia de ciudadanos. Y con respeto a esa gesta, los padres fundadores de aquella nación tuvieron abiertos reparos en crear a su vez un ejército permanente que más tarde pudiera diferenciarse del pueblo y aplastar los cimientos de su estrenada república.
Como es de presumir, veían con desconfianza cualquier semejanza con el derrotado enemigo. A lo mucho, a lo que inicialmente aspiraban los recién emancipados era a contar con un gobierno sólo operable para fines eminentemente defensivos. Ese fue el ideal de Washington, el comandante general de los orgullosos vencedores. Sólo así se explica la firme convicción de que la unión debería de mantenerse al margen de todo conflicto extraño a su suelo. En esa línea de neutralidad, el fresco recuerdo de la milicia triunfadora invitó a considerar al “pueblo en armas” como un factor primordial no sólo para la defensa de la independencia de la unión contra un enemigo externo, sino también contra la siempre latente posibilidad de que el gobierno local decida convertirse en un tirano.
Como es de ver, estamos ante un orden político y legal que responde a la idea de un bien común emanado de los derechos de los particulares antes que a la idea de un metafísico derecho superior a los mismos. Ese fue el principio madre del marco institucional norteamericano, un esquema puntualmente republicano. En dicha génesis nada podía elevarse por sobre las prerrogativas de los individuos. No en vano el “pueblo en armas” hizo valer sus naturales derechos para expulsar de su territorio a un soberano que juzgaba que podía colocarse por encima de las decisiones de ciudadanos a carta cabal, no de súbditos.
He ahí la importancia y magnitud de lo que aquellos padres fundadores establecieron. Dieron vida a un país adscrito a la convicción de que la libertad es un principio moral, no técnico. Un principio moral elevado a rango constitucional que hizo realidad a la primera sociedad libre que la humanidad ha conocido, una promesa libertaria aún no entendida.
La idea y decisiión de desarmar a los ciudadanos proviene de los gobiernos hegemónicos y autoritarios que propician el “monopolio” de la fuerza en el estado. Explicación más adecuada para la dominación de los ciudadanos que para la “seguridad” es la que argumentan los legisladores y funcionarios venales o ideológicos.
Pero esta cuestión está más agravada aún porque los gobiernos utilizan a los legisladores como apéndices para crear leyes que sólo sirven para aumentar su poder contra los ciudadanos, tener impunidad y dejarlos sin protección legal, o sea desarmados material, legal y politicamente.