En un estudio publicado en el Journal of Political Economy el año 2007 («Corruption, Norms and Legal Enforcement: Evidence from Diplomatic Parking Tickets»), Raymond Fisman (Universidad de Boston) y Edward Miguel (Universidad de California, Berkeley) ofrecieron un interesante ejemplo de conductas culturales (o morales) diferenciadas entre profesionales de un mismo rubro, lugar de trabajo y de residencia: los diplomáticos en la ONU, en Manhattan (Nueva York). Toda una élite con auténticos privilegios.
Poseedores hasta noviembre del año 2002 de inmunidad legal por razón de su oficio (en virtud a la Convención de Viena de 1961), el caso se centra en cuántos de estos diplomáticos (y sus respectivas familias) fueron multados por estacionar sus automóviles en lugares expresamente prohibidos por la ley para el resto de los mortales. Como seres con “trato preferencial”, gozaban del derecho de no tener la necesidad de pagar las multas por esa infracción. Por ende, podían aparcar sus vehículos donde se les venía en gana sin el menor inconveniente. Las más de 150 mil multas no cobradas en el período estudiado fueron estimadas en 18 millones de dólares.
Según las estadísticas recogidas de noviembre de 1997 a noviembre de 2005 por los autores, diplomáticos de países con un alto estándar de corrupción fueron los más constantes en violar las normas sobre el tema que los diplomáticos de países menos corruptos. Obviamente, los primeros aprovechaban de la inmunidad gozada a sus anchas. Al parecer, trasladan de sus terruños sus “hábitos y costumbres”.
En orden de cantidades por faltas a la ley, encabezan la lista los diplomáticos de Kuwait, Egipto, Chad, Sudán, Bulgaria, Mozambique, Albania, Angola, Senegal y Pakistán. Salvo Kuwait, el resto de delegaciones mencionadas pertenecen a países considerados “muy corruptos”. Estos figuran con funcionarios que cometen la infracción y no pagan las multas. Otros en cambio presentan altos niveles de infracciones pero cumplen con pagar las multas, siendo tal el caso de Bahrein, Malasia, Omán y Turquía. La lista continúa en un universo de (aproximadamente) 1.700 funcionarios de 149 estados soberanos acreditados en la ONU, según el estudio cuantitativo.
En el otro extremo se tiene a diplomáticos de determinados países que no tienen ninguna infracción en su contra. Es el caso de los neerlandeses, británicos, japoneses, suecos, noruegos y canadienses. Para Sam Bowles —en The Moral Economy (2016)— ello se debe a las “admirables culturas cívicas” de individuos que pertenecen a países con un largo historial dentro del capitalismo. Es decir, el sistema tantas veces acusado de ser inmoral tiene en su interior individuos con elevados estándares de comportamiento moral. ¿Realmente sorprende?
Como señal positiva, el estudio también recoge información de que los funcionarios que cuentan con una permanencia larga en los EE.UU. adquieren patrones culturales que reducen su comportamiento privilegiado. Concretamente, adquieren nuevos hábitos y costumbres. Dentro de este marco también se encuentran los funcionarios de países que reciben ayuda económica por parte del gobierno norteamericano. Si en la antigua Grecia se conocía que el intercambio comercial transmitía valores a la par de ganancias, estas modernas asistencias no escapan a esa regla.
Claramente, la sola comunicación con el foráneo —de ser esta constante en el tiempo— otorga “novedades morales”. He ahí el por qué de la relevancia de la globalización. ¿Alguien puede negar que ha ayudado a mejorar conductas?
Debido a la proliferación de faltas a la ley y por la evidente iniquidad que producía, en el año 2002 la administración del alcalde Michael Bloomberg suprime dicha inmunidad. En virtud de ello, el comportamiento de quienes estacionaban al margen de las normas sufrió una radical reducción de más del 98%.
(Publicado en “Contrapoder”, suplemento del diario “Expreso”, Lima, 28 de Mayo de 2023, p. 8)